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miércoles, 29 de agosto de 2012

Del joven Haya a la defensa del Concordato

marcohuaco.com
El apoyo de ciertos congresistas apristas evangélicos al proyecto de ley en el que se elimina el principio de laicidad y se legitima el Concordato Perú-Santa Sede motivan varias reflexiones sobre identidades religiosas y políticas, Estado laico y religiones políticas.
El que una persona cristiana ingrese al terreno de la política pública significa un enorme desafío. A un(a) político(a) cristiano(a) que se dedica a la actividad pública inspirado(a) por sus valores religiosos se le exigen específicas responsabilidades éticas que a otra persona en política no. Si a un político cualquiera se le exige respetar un nivel de ética política común a todos los ciudadanos -una ética pública-, a un(a) político(a) cristiano(a) se le exige
además, estar al nivel ético de su propio sistema de convicciones religiosas, tanto en público como en privado.
Y si la persona en cuestión además llega a ser funcionario(a) de un Estado laico (o que según sus leyes pretenda serlo), el asunto se torna aún más complejo pues debe saber mantener el equilibrio entre sus prioritarios deberes de eutralidad en cuanto agente del Estado y sus derechos individuales de libertad religiosa en cuanto creyente.
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